“Son totalmente infundadas e improcedentes las sanciones administrativas anunciadas por la SFP, además de violar derechos fundamentales, debido proceso y tergiversar los hechos materia de los contratos celebrados entre Odebrecht México y Pemex Transformación Industrial”, destacó mediante un comunicado la empresa.
Desde inicio del 2017, Odebrecht formalizó su intención de colaborar con las autoridades de distintos países, incluido México, con el fin de aclarar los hechos relacionados con los procesos de colaboración seguidos ante el Ministerio Público de Brasil y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por los hechos reconocidos por la empresa relacionados con el Plea Agreement Cr.No.16-643 (RJD).
Sin embargo, la SFP en junio de 2017 decidió rechazar la solicitud de cooperación de la empresa por considerar que no existían “elementos de juicio y/o de convicción suficientes que permitieran presumir una probable infracción a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas”.
La compañía argumentó que ha fortalecido su gobierno corporativo a nivel global mediante la adopción de normas y políticas de compliance, acorde con las mejores prácticas corporativas reconocidas internacionalmente.
Asimismo, se encuentra bajo legítimo monitoreo del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía brasileña, respectivamente.
