Ciudad de México.- “Se confirma lo que les había anticipado: la maniobra del Gobierno de Peña Nieto para torcer la ley y garantizar impunidad al exsecretario general del PRI, e impedir que Chihuahua continúe con sus investigaciones y acciones de combate a la corrupción”.
De esta forma reclamó el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo que llamó “manto de impunidad” sobre Alejandro Gutiérrez, señalado por el presunto desvío de 250 millones de pesos del erario chihuahuense, durante la Administración de César Duarte.
El Tribunal declaró competente al juez federal con sede en la Ciudad de México, Gerardo Moreno García y ordenó que inmediatamente se ponga a su disposición Gutiérrez Gutiérrez, así como al exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal, Antonio Tarín, y Gerardo Villegas Madriles, exdirector de Administración de la misma dependencia.
Denunció que el Poder Judicial de la Federación dio con este caso, una demostración de sumisión al Presidente de la República.
‘Un absurdo’
Los tres imputados están acusados del delito de peculado agravado por diversos actos de corrupción, entre los que se encuentra la suma de los 250 millones de pesos a campañas electorales del PRI.
“Los otros dos son los principales cómplices en el saqueo sistemático a que fue sometido el pueblo de Chihuahua en el anterior sexenio”, acotó el gobernador panista.
La resolución absurda, agregó, es contraria a derecho y con un desaseo vergonzoso, por la forma en la que han procesado el asunto, con la que pretende arrebatar al pueblo de Chihuahua su derecho a hacer justicia.
“Sorpresivamente, en un mismo día, en cuestión de horas, listaron, discutieron y resolvieron un caso que comúnmente se tarda entre 6 meses y un año en ser resuelto, y lo hicieron sin tomar en cuenta ningún argumento del juez local de Chihuahua”, arremetió Javier Corral.
Justicias diferentes
“Nadie por encima de la Ley, es la máxima republicana que se supone impera en nuestro sistema judicial; sin embargo, en el Décimo Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, se confirma que hoy por hoy, sí existe la justicia selectiva en nuestro país.
“La justicia para el pueblo es una y la justicia para el influyente es otra, y se llegan a violentar, cínica y abiertamente los principios básicos de la función jurisdiccional”, dijo.
El Mandatario chihuahuense convocó a una nueva asamblea informativa el domingo 15 de abril, a las 11:00 horas en la Plaza del Ángel de la Ciudad de Chihuahua, para dar a conocer las medidas a tomar ante lo que llamó la abierta protección de Peña Nieto a César Duarte y sus cómplices.
“El Presidente de la República está traicionando su propio dicho de que ‘nada ni nadie está por encima de la dignidad de México’. Nosotros le demostraremos que nada, ni nadie, ni él, está por encima de la dignidad del pueblo de Chihuahua”.
‘Internado’ de políticos
El empresario y político saltillense será trasladado del Penal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra internado desde el año pasado el también priista y exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Gutiérrez Gutiérrez será recluido en la misma cárcel donde han estado otros políticos señalados de corrupción como Javier Duarte y el exgobernador sonorense, Guillermo Padrés.
El Reclusorio Norte no solamente es ahora el consolidado internado de políticos con procesos penales en curso sino también una de las cárceles más peligrosas del país, donde se viven malas condiciones de vida de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El coahuilense, quien fue detenido en Saltillo el pasado diciembre por la Policía Federal, pagó los primeros tres meses de prisión preventiva en Chihuahua, ahora por lo menos pagará otros tres meses en el Reclusorio Norte para recibir después la sentencia de su caso, que será dictada por un juez federal.
La prisión a donde será llevado el empresario saltillense se encuentra reprobada con una claificación de 5.76 en el Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la CNDH, organismo que asegura que en el Reclusorio no se previenen violaciones a los derechos humanos, hay hacinamiento y una sobrepoblación 100% superior a la que tiene capacidad.
