Hermosillo, Son., marzo 22 de 2018.- El combate a un añejo problema en el que hombres y, en algunos casos, mujeres se desentienden de las obligaciones que contraen con el nacimiento de sus hijos, mediante una acción legislativa que protegerá la dignidad de miles de niñas, niños y adolescentes, aprobó la LXI Legislatura, además de otra acción para salvaguardar no sólo los derechos laborales de las madres trabajadoras al servicio del Estado, sino también para proteger el derecho a la salud de los menores.
En la última sesión del mes de marzo, la asamblea votó por unanimidad a favor de ambos decretos, que en el primero de los casos reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, y en el segundo adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Durante este mes de marzo en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, la LXI Legislatura dio una vez más muestra de su interés a favor de la agenda de las mujeres, al aprobar una serie de propuestas que dan respuesta a sentidas demandas de justicia social, como los decretos mencionados anteriormente, así como el que establece que las trabajadoras al servicio del Estado disfrutarán de catorce semanas por licencia de maternidad, sea por nacimiento o por adopción, en lugar de doce como actualmente establece la Ley del Servicio Civil.
Además de la aprobación de estos tres decretos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó el pasado 21 de marzo con relación a iniciativas para la creación de un registro de deudores alimentarios, para que en el acta de defunción que expida el Registro Civil se establezca si la muerte se relaciona con violencia intrafamiliar o de género, sobre acoso sexual con elementos objetivos y claros para acreditarlo, y para protección y asistencia a las víctimas en el pleno respeto de sus derechos humanos.
Las propuestas anteriores fueron presentadas por diputadas de esta Legislatura y los proyectos respectivos serán llevados al Pleno en el mes de abril.
En esta sesión ordinaria, la diputada Célida Teresa López Cárdenas dio lectura al Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Sonora, con el objeto de dotar de herramientas legales a los jueces locales en materia familiar para que estén en condiciones de garantizar y determinar los montos de las pensiones alimenticias que se dictan de manera provisional antes de las pensiones definitivas.
A nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la legisladora expuso con base a esta iniciativa que contiene una propuesta suya y otra del diputado Luis Gerardo Serrato Castell, que lo que se busca es que en aquellos casos en los que no ha sido posible que el juzgador conozca los ingresos del deudor alimenticio, pueda fijar, inmediatamente, una cantidad con cargo a este último que permita la subsistencia del acreedor o acreedores alimentarios, es decir los menores.
“Viene a garantizar (el Decreto aprobado) este importante derecho en beneficio de miles de sonorenses, que en su gran mayoría son menores de edad, en absoluta congruencia con el interés superior del menor, que se encuentra consagrado en diversos instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano”, aseveró.
También es acorde a lo que dispone el párrafo noveno del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ordena que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Una vez leído el Decreto, la diputada Karmen Aída Díaz Brown Ojeda expuso que el 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por madres o padres solteros no reciben una pensión alimentaria, y tan sólo en 2017 se presentaron mil 751 demandas en diversos juzgados del Estado para reclamar el pago de alimentos.
“Por justicia social es un deber del padre o la madre, y es una garantía para el acreedor de tener esa aportación económica, pero sobre todo el vínculo que los hace fuertes con el padre o la madre”, expresó para luego proponer que el monto establecido en el caso de que haya más de un menor sea de 15 unidades de medida y actualización, lo que representaría, junto con los 20 UMA que se establecen en el caso del primer hijo, cerca de 2 mil pesos mensuales.
La propuesta fue aprobada por la comisión, a lo cual la diputada Célida Teresa López Cárdenas agradeció tanto a la diputada Díaz Brown Ojeda, como a la diputada Flor Ayala Robles Linares, sus valiosas aportaciones durante la dictaminación de este Decreto.
Enseguida se aprobó otro Decreto, éste que adiciona diversas disposiciones a la Ley del ISSSTESON, que a propuesta de la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya representa uno de miles de casos por los cuales muchas madres se han enfrentado por querer cumplir con su obligación natural de proteger y velar por el cuidado de sus hijos, cuando éstos no gozan de buena salud.
“Sin lugar a dudas el acceso a la salud no sólo se garantiza por el hecho de construir hospitales, contratar médicos y ofrecer consultas, sino que dicha prerrogativa tiene un alcance mucho mayor, el cual consiste, en el caso que nos ocupa, en que todos los niños gocen del grado máximo de salud, el cual solamente se alcanzará si el Estado (los tres niveles de gobierno) realiza todo lo necesario para que esa niña, niño o adolescente goce de un estatus de salud que le permita llevar un proyecto de vida”, externó.
Tras presentar un material audiovisual a la asamblea, la diputada Jaime Montoya lamentó que no se cuente con un marco jurídico que proteja la seguridad laboral de dichas madres, e incluso de los padres que se ven en la necesidad de recurrir constantemente a internar a sus hijos por una enfermedad que los aqueja y que requiere toda su atención y cuidado para su recuperación.
El Decreto adiciona una Sección Segunda BIS al Capítulo Tercero y un Artículo 27 BIS a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora relativo a la licencia especial con goce de sueldo por razones médicas, para quedar como sigue:
Artículo 27 bis.- Cuando un trabajador derecho-habiente no tenga cónyuge o pareja, y tenga bajo su custodia un hijo menor con una enfermedad que requiera atenciones y cuidados especiales a juicio de un médico especialista, la Junta Directiva del Instituto podrá autorizarle una licencia con goce de sueldo, por tiempo determinado, para efecto de que el propio trabajador brinde los cuidados y atenciones que requiere su hijo menor.
Aprueban dos decretos y cuatro acuerdos
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen elaborado con base a una propuesta del diputado Moisés Gómez Reyna, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de firma electrónica para el Estado de Sonora.
Con esta aprobación se podrá implementar el programa denominado: “Gobierno sin papel”, además de contribuir a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, dijo el legislador.
El diputado Gómez Reyna informó que a partir de la entrada en vigor del Decreto, los tres poderes del Estado deberán instaurar dicho programa, lo que viene a coincidir con la acción emprendida por el Gobierno Federal hace más de diez años, de manera que los entes públicos podrán privilegiar el uso de los medios electrónicos, tanto en la administración pública estatal como en los ayuntamientos.
Otro Decreto aprobado es el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Sonora, a fin de otorgar facultades legales al titular de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, COVES, para que pueda actuar en cada una de las etapas de los diferentes tipos de procesos de adjudicación de contratos de vivienda a los constructores.
La diputada Ana Luisa Valdés Avilés, impulsora de esta propuesta, informó que de esta forma se evitará que en adelante, las constructoras contratadas por el Estado incurran en incumplimiento de contrato y entreguen viviendas incompletas a las familias sonorenses, de manera que ninguna obra que contrate el Gobierno del Estado debe quedar inconclusa y será la COVES la encargada de proveer este derecho humano.
También fueron aprobados dos acuerdos presentados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el primero que aprueba las renuncias de los ciudadanos Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Rosa Elena Trujillo Llanes y Óscar Alberto Cano Jiménez, a los cargos de Presidente Municipal y regidores propietarios del Ayuntamiento de Hermosillo, respectivamente, así como la propuesta para que la ciudadana Angelina Muñoz Fernández continúe al frente de la Presidencia Municipal hasta la conclusión de la presente administración.
El segundo Acuerdo aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Raúl Augusto Silva Vela al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Navojoa, así como la propuesta para que la ciudadana regidora, María Leticia Navarro Duarte, sea la persona que ejerza funciones de Presidente Municipal hasta el término de la presente administración.
Y en virtud de haber sido aprobada por 41 ayuntamientos de la entidad, la mesa directiva presentó el Acuerdo por el cual este Poder Legislativo resuelve enviar a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado la Ley número 188, que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora.
El diputado Carlos Manuel Fu Salcido dio lectura al Acuerdo respectivo que establece el 8 de junio de 2017 cuando se aprobó dicha Ley, que modifica los artículos 25-A, 25-B y 25-C de la Constitución local, en materia de desarrollo sustentable como un elemento más en el que el Gobierno del Estado estará obligado a promover, orientar y conducir para lograr el bienestar de la población sonorense. Fue propuesta de los diputados Fu Salcido, Moisés Gómez Reyna y Luis Gerardo Serrato Castell.
Otro Acuerdo fue aprobado por el Pleno, por medio del cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a diversas autoridades del Estado, para que tomen en cuenta a los alumnos que se encuentren en estado de ausentismo y deserción escolar, en el otorgamiento de becas mediante la correcta aplicación de la Ley del sistema integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior en el Estado de Sonora.
A nombre propio y del diputado Fermín Trujillo Fuentes, la diputada Teresa María Olivares Ochoa dio lectura a esta iniciativa dirigida a la titular del Poder Ejecutivo estatal, para que también gire instrucciones al personal adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, a fin de que lleven a cabo las acciones que les corresponden de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, y coadyuven en la recopilación de información para que se tome en cuenta a los alumnos que se encuentran en dicha situación.
Turnan iniciativas a comisiones
La Presidencia turnó a comisiones dictaminadoras tres iniciativas, la primera presentada por el diputado Omar Alberto Guillén Partida, con proyecto de decreto que adiciona una fracción y reforma el penúltimo párrafo del Artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de tipificar como delito el robo de cultivos de camarón.
Explicó que a solicitud de empresarios del sector acuícola que se han visto afectados por este problema, se dio a la tarea de elaborar la propuesta por considerar que se trata de una actividad estratégica en la generación de empleos y derrama económica para el Estado. Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
La diputada Lina Acosta Cid presentó enseguida una iniciativa con proyecto de ley de protección de la dignidad del enfermo terminal, por considerar que los pacientes deben decidir el tratamiento que pueda facilitarles la institución de salud, además de que se regularía el derecho de toda persona a otorgar el documento de disposiciones previsoras, como una garantía para decidir respecto a dicho tratamiento médico.
En caso de una enfermedad terminal, que lo ubique en un estado en el que ya no pueda expresarse ni gobernarse por sí mismo, se le garantice el derecho a morir dignamente, lo cual evitaría el encarnizamiento terapéutico, sostuvo. Se envió para estudio a la Comisión de Salud.
Y a las comisiones Segunda de Hacienda y de Minería fue turnada la iniciativa presentada por el diputado Javier Dagnino Escobosa, con acuerdo mediante el cual propuso que este Poder presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Expuso que la idea es que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros incorpore, como uno de los destinos de recursos que provienen de éste, otorgar apoyos directos a ex trabajadores mineros y familias de ex trabajadores mineros fallecidos, que contribuyan a fortalecer su bienestar social, para lo cual los gobiernos de las entidades federativas deberán integrar el padrón correspondiente.
Antes de clausurar la sesión, por unanimidad se eligió a la mesa directiva que fungirá durante el mes de abril y cuyos trabajos encabezará el diputado Javier Villarreal Gámez, quien estará acompañado por los diputados Sandra Mercedes Hernández Barajas, vicepresidenta; José Armando Gutiérrez Jiménez, primer secretario; Enrique Evangelista Velázquez, segundo secretario y José Ángel Rochín López, suplente.
La diputada Lina Acosta Cid, presidenta de la mesa directiva por el mes de marzo, agradeció a las diputadas que la acompañaron en la misma y al resto de integrantes del Pleno su colaboración para sacar adelante los trabajos del Poder Legislativo. La próxima sesión del Pleno se celebrará el martes 3 de abril, a las 11:00 horas.
