Xalapa.- La Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Lisbeth Jiménez Aguirre declaró culpables a los 8 policías municipales de Papantla, por delitos de desaparición forzada en agravio de dos jóvenes “levantados” en marzo de 2016. Este es el primer proceso en el que policías veracruzanos serán sentenciados por estos delitos considerados de lesa humanidad.
El próximo 22 de marzo, los policías conocerán la sentencia dictada por la Juez; hasta el momento, ninguno de los detenidos ha admitido su responsabilidad y sostienen que son inocentes. Las familias de las víctimas aún temen que los elementos sean puestos en libertad.
El Comisario Bernardino “N” junto con sus ex policías Higinio “N” , Rufino “N” , Reyes “N” , Mauro “N” , José “N” , José Luis “N” y Benito “N” escucharon el resolutivo leído por la autoridad judicial que mencionó que luego de analizar todas las pruebas, testimonios, declaraciones y peritajes, conducían a determinar la responsabilidad de cada uno de ellos en la desaparición forzada de Uriel Pérez Cruz y Luis Alberto Morales Santiago.
La Unidad Integral de Protección de Justicia, representada por el fiscal Maximino Marín Herrera, aportó pruebas y elementos necesarios para la determinación de la Juez, entre éstas el testimonio de personas que señalaron a los acusados de ser quienes el 19 de marzo de 2016 “levantaron” en las unidades 084 y 060 de la policía municipal a los dos jóvenes.
Los jóvenes fueron interceptados por las unidades luego de haber chocado contra la patrulla 084, previamente, Luis Alberto se retiraba de forma apresurada de la casa de su novia, con quien había discutido y chocó contra la unidad policiaca. Para que los jóvenes no escaparan, uno de los policías disparó en contra de una de las llantas del vehículo, que obligó a que se detuvieran.
Violentamente, los jóvenes fueron bajados y subidos a las unidades policiacas, luego de una breve discusión. A partir de entonces no volvieron a saber de su paradero.
Hay que mencionar que en Gutiérrez Zamora fue localizada una fosa clandestina en donde presumían que se encontraban los restos de ambos jóvenes, además de un tercero: Alan Jesús Ticante Olmedo, desaparecido el mismo día. Hasta el momento, las familias siguen a la espera de que las autoridades les informen si en efecto los restos son los de sus hijos ya que supuestamente les harían exámenes de ADN.
En octubre de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que exigía una amplia disculpa pública por parte de las autoridades municipales, en ese momento encabezadas por Marcos Romero, quien finalmente no lo hizo porque pretendía esconderse y los familiares querían que se hiciera públicamente.
Las familias de los jóvenes desaparecidos pidieron que la sentencia que les dicte la Juez sea conforme a derecho, ya que temen que los sentenciados sigan evadiendo con amparos la sentencia y que la pena no sea muy alta y puedan salir libres rápidamente, lo que pondría en riesgo la seguridad de los deudos.
