Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) archivó la averiguación previa que llevaba a cabo contra César Duarte por lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no existen indicios probatorios en su contra.
La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR determinó que durante su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el exgobernador adquirió el 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
El órgano investigador notificó su determinación al activista Jaime García Chávez, quien originalmente presentó la denuncia el 26 de septiembre de 2014 contra Duarte ante la PGR.
Según la notificación, la UEAF le dio un plazo de 15 días hábiles al denunciante para presentar su inconformidad por la decisión del Ministerio Público. De no proceder, García Chávez tendrá la posibilidad de recurrir al amparo.
Esta investigación era la más importante que llevaba a cabo la PGR contra el exgobernador de Chihuahua, ya que a nivel federal sólo había otras dos indagatorias en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
En relación a estas últimas, uno de los expedientes continúa en trámite y en otro ya se libró una orden de aprehensión contra Duarte por peculado electoral de 14 millones 609 mil 583 pesos, suma que habría sido desviada al PRI en las elecciones federales de 2015.
Mina de oro
En la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, en la que ahora ha sido acordado el no ejercicio de la acción penal, también estaba acusado Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda en la Administración de Duarte y hoy testigo colaborador de la Fiscalía de Chihuahua.
La acusación refería que Duarte utilizó recursos del erario para tener una participación del 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Este banco fue constituido por medio de la fusión de Unión de Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El hoy Mandatario, Javier Corral, siendo senador, agregó a la denuncia otros hechos como el supuesto depósito de 834 millones de pesos del erario al Banco Progreso Chihuahua, a cambio de rendimientos del 3.95%, en contraste con el 6.7% que ofrecía en su publicidad.
‘Impunidad y cinismo’
“Este es un mensaje a la sociedad, brutal: impunidad, exoneración, protección para pillos; persecución política, uso faccioso de las instituciones de PGR y Hacienda, en contra de opositores políticos al Presidente de la República”, expresó, el gobernador de Chihuahua, de acuerdo a un comunicado.
“El manejo de la PGR desde la Presidencia de la República ya es vergonzoso, está provocando al pueblo de México en su irritación y pone en riesgo la gobernabilidad del país.
“El encargado de la investigación, al que se le depositó la investigación de los delitos de abuso de funciones, de uso indebido de funciones y de competencias de peculado, de lavado de dinero, lo que hizo a lo largo de la investigación fue irle justificando los ingresos al exgobernador, no investigar las acusaciones planteadas en la denuncia del licenciado García Chávez”, dijo.
El Mandatario estatal hizo énfasis en que el Ejecutivo federal se encuentra protegiendo a Duarte.
Se mantienen
Durante enero de este año, la PGR anunció que estaba casi terminado el procedimiento para solicitar la extradición de César Duarte de Estados Unidos a México.
Desde entonces, el exmandatario acumula 12 órdenes de aprehensión: 11 del Ministerio Público estatal y una del federal. Pero, pese a que se le siguen asegurando ranchos, la dependencia continúa sin proceder, aunque todas se mantienen.
Fuentes de la PGR señalaron que el caso al que desistió de ejercer acción penal no corresponde a ninguna de las 12 causas penales que ha recibido y las cuales siguen vigentes.
De las 12 causas, ocho ya fueron motivo de una solicitud de detención con fines de extradición. Las restantes siguen en análisis en el área jurídica de la PGR.
El Mandatario Javier Corral, informó el 12 de marzo que fue asegurado otro rancho del exgobernador.
Se trata del rancho San Isidro, ubicado en las inmediaciones de Hidalgo del Parral, y con el que suman 21 inmuebles –17 ranchos y tres fincas– de Duarte Jáquez asegurados por la actual Administración.
Culpa a Corral
Jaime García Chávez, excolaborador de Javier Corral en la organización Unión Ciudadana, indicó que el mismo Gobernador es responsable de que la PGR haya determinado que no hay delito qué perseguir en el caso de la creación del banco Unión Progreso, ya que fue él quien abandonó la denuncia que interpusieron en el 2014 contra César Duarte.
Expuso que existe la intención de proteger a Duarte desde la Federación, pero recriminó a Corral que lo haya dejado solo en este caso.
Agregó que había elementos para robustecer la denuncia, pero no se hizo desde el Gobierno del Estado.
Indicó que hay un interés superior por proteger a César Duarte desde la Administración federal porque sí existe la evidencia para actuar en su contra.
Desconfianza y falta de independencia: Coparmex
Ante la decisión de la PGR, la Coparmex sostuvo que el actuar de la dependencia federal muestra su “ineficacia, parcialidad y falta de independencia”.
Agregó que la resolución aumenta “la desconfianza que hoy priva entre la ciudadanía en una institución” y sólo hace ver que la PGR ha dejado de conducirse como un verdadero representante social.
El sindicato patronal urgió a que la Procuraduría dé una explicación puntual de su actuar y la emplazó para conducirse con estricto apego a la legalidad.
Además insistió que una vez más se demuestra que su proceder, no sólo el caso de Duarte Jáquez, sino en otros, son la muestra de una necesidad impostergable de transformar la institución en una “Fiscalía General de la República independiente, autónoma y eficaz que respete los derechos humanos y rinda cuentas a la sociedad”.
