Ciudad de México.- Un juez federal retiró la protección judicial que impedía judicializar la carpeta de investigación o pedir una orden de aprehensión contra Manuel Barreiro Castañeda, investigado por lavado de dinero por la compra de una nave industrial al panista Ricardo Anaya.
Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal, negó a Barreiro la suspensión definitiva contra actos que señaló como violatorios de su derecho de defensa, reclamo que en principio había congelado unos días cualquier intento de ejercicio de la acción penal.
En los mismos términos, el juez también negó la suspensión definitiva a Juan Manuel Olea Villanueva, mano derecha de Barreiro y director de varias de sus empresas en Gibraltar y Canadá.
El criterio del impartidor de justicia se plegó al criterio que estableció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en el sentido de que los jueces de amparo no deben impedir a la PGR judicializar la carpeta de investigación.
Lo anterior, en virtud de que dicho acto o la solicitud de aprehensión no viola en forma irreparable el derecho de defensa del imputado, en virtud que la investigación de la PGR sólo es preliminar y al judicializarse continúa bajo la supervisión jurisdiccional, conforme a las reglas del nuevo sistema acusatorio.
“Si se impide a la PGR solicitar cita para la audiencia inicial, se frena también que pueda formular imputación y, sin ello, no puede iniciar la fase complementaria de la investigación, por lo que, en el caso, conceder la suspensión implica paralizar el procedimiento en su etapa inicial, con lo que se contravienen disposiciones de orden público y se afecta el interés social”, afirmó el tribunal.
Barreiro y su esposa Ana Paula Ugalde Herrera, al igual que Olea Villanueva, los hermanos Juan Carlos y Sergio Reyes García y Luis Alberto López López son investigados por lavado de dinero en la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017.
La negativa de suspensión definitiva fue dictada por el juez Vargas Alarcón en los amparos 186/2018, en el caso de Barreiro, y 190/2018, en el de Olea Villanueva.
Este amparo de Barreiro fue promovido contra un acuerdo del 26 de febrero donde la SEIDO le negó la admisión de pruebas de descargo, la designación de abogados y el acceso a la indagatoria hasta en tanto no se presentara personalmente a ratificar las peticiones por escrito.
