El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez llamó la atención sobre los evidentes costos de la pasividad, tolerancia e indiferencia ante las muertes
Así lo dio a conocer el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en el Foro “El Feminicidio en México: Retos y Perspectivas desde la Sociedad Civil”, organizado por el Senado de la República, en que llamó la atención sobre los evidentes costos de la pasividad, tolerancia e indiferencia ante las muertes innecesarias, prematuras y devastadoras de mujeres y niñas, así como el sufrimiento y pérdida para las familias.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contenidos en la “Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género”, los homicidios dolosos de mujeres en el país pasaron de 1,755 en 2015 a 2,585 en 2017, lo cual representa un incremento aproximado de 47.29% en tan sólo dos años. De este conjunto, en 2015 sólo se habrían calificado como feminicidios 389 casos, para pasar a 671 en 2017, lo que implicaría un aumento de 72.49% en el mismo periodo. Del mismo modo, conforme la misma fuente, entre 2015 y 2017, los casos de mujeres víctimas de lesiones dolosas pasaron de 56,422 a 61,035, registrando un incremento aproximado de 8.2%.
“Es hora de fortalecer los sistemas de justicia, de capacitar a la policía y a los jueces para eliminar los estereotipos y los prejuicios hacia las mujeres; es tiempo también de mejorar los servicios de apoyo a las sobrevivientes y a sus familias, de encontrar mecanismos de reparación del daño, pero, sobre todo, es momento de dedicar planes y presupuestos para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”, aseguró.
Ante la Senadora María Lucero Saldaña, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, e Isabel López Padilla en representación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, González Pérez propuso que para encontrar salida a la violencia contra mujeres y niñas es indispensable que se apueste por la prevención y la acción articulada de actores gubernamentales, sociales y privados a la acción colectiva.
Respecto de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) destacó la participación de la CNDH en el Grupo de Trabajo y la promoción de que tales medidas se decreten en lugares donde existe riesgo a la vida e integridad de las mujeres. Apuntó que a la fecha 29 entidades han decretado la AVGM, lo cual muestra la gravedad de las crisis y necesidad de hacer cumplir la ley.
En ese sentido presentó seis propuestas dirigidas al Poder Legislativo y cinco más al Ejecutivo federal, y señaló que las acciones hacia la población indígena deben contemplar perspectiva intercultural y enfoque diferencial.
En cuanto a las propuestas al Poder Legislativo, destacó la importancia de revisar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para aclarar los plazos de la AVGM en sus distintas fases; regular en la Ley y su reglamento que los Poderes Judicial y Legislativo y los gobiernos municipales sean interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida, y ampliar la convocatoria cuando un procedimiento de alerta esté por iniciar y se propicie que más personal académico participe en los procesos de selección e integración del Grupo de Trabajo.
También, prever en el reglamento que el territorio por el que originalmente se solicita la alerta, puede ampliarse; recomendar a las organizaciones civiles sean integradas con voz a los grupos de trabajo, y fortalecer, ampliar y asegurar la entrega de recursos etiquetados para la implementación de las AVGM.
Al Ejecutivo federal se le pide fortalecer las instancias federales que atienden AVGM; involucrar a las instituciones del Estado para garantizar transversalización de la perspectiva de género y que las AVGM no recaigan solo en los institutos de las Mujeres; asegurar que cambios y transiciones de gobierno no obstaculicen o frenen las acciones o las AVGM; hacer públicos los informes de seguimiento en entidades que no decretaron alerta, y fortalecer la presencia de INMUJERES para acompañar y orientar el procedimiento de AVGM y las acciones de CONAVIM.
Inicialmente, la Senadora Saldaña Pérez dijo que México tiene gran deuda con las mujeres, un apremio histórico al reconocimiento de sus derechos, comenzando por el más elemental, el de una vida libre de violencia; añadió que el feminicidio va al alza y se ha convertido en problema grave, aunque se ha avanzado en leyes específicas y mencionó que Sinaloa, Veracruz y Oaxaca registran el mayor número de feminicidios, que deben investigarse con perspectiva de género para que no queden impunes, y propuso reformas al Código Penal Federal en ese sentido.
En este acto también estuvieron en el presídium María Teresa Ambrosio Morales, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Alejandra Padilla Padilla, representante de X Justicia para las Mujeres, y Julio César Venegas, titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la SEGOB.
