Los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acusaron al Gobierno mexicano de tratar de impedir una audiencia
En audiencia pública ante la CIDH en Bogotá, Mario César González Contreras, padre del normalista César Manuel González Hernández, dijo que en México todo se está politizando.
“Tenemos un gran ejemplo, en la reunión de ayer (con representantes del Gobierno), quieren suspender la reunión de mayo porque hay elecciones en México. Para ellos, para el Estado es más importante las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la vedad”, expresó.
Asimismo, pidió al nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante, cumplir con los compromisos de sus antecesores, entre ellos, que sus abogados puedan entrar a los penales para interrogar a los reos que consideren convenientes y establecer un paquete de incentivos para quien quiera hablar en su momento y diga la verdad.
González advirtió que la Administración de Enrique Peña Nieto tiene intenciones de cerrar rápido la investigación y señaló que hay preocupación de que el Fiscal del caso, Alfredo Higuera, presente en la sesión, sea presionado para que avale lo que el ex Procurador Jesús Murillo Karam nombró como “verdad histórica”.
Los padres y sus representantes denunciaron que el Gobierno mexicano ha incumplido con 80 por ciento del cronograma de trabajo y que en el último año no ha habido avances en el caso.
“No hay resultados objetivos ni materiales. No hay nuevas detenciones, no hay nuevas acusaciones, nuevos sitios de búsqueda”, dijo Mario Patrón, director del Centro Prodh.
Humberto Guerrero, responsable de derechos humanos de Fundar, denunció que el Estado mexicano rechazó una propuesta de declaración de intención con el fin de cumplir con las recomendaciones de un diagnóstico de impacto psicosocial, para avanzar en la atención y reparación a las víctimas.
En representación del Gobierno mexicano, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que varios países de la región han solicitado aplazar audiencias debido a diferentes procesos electorales en América Latina.
Sin embargo, aseveró que atenderán la decisión que tome la CIDH respecto a las próximas audiencias.
Asimismo, sostuvo que la intención del Gobierno mexicano es llegar a conclusiones este mismo año.
“La meta es concluir”, expresó.
Sin embargo, dijo que el Mecanismo de Seguimiento al caso seguirá mientras sea necesario.
En tanto, el Fiscal Higuera aseguró contar con nueva información, que no podía ser revelada en una audiencia pública, que permite identificar el móvil de la desaparición de los estudiantes.
Refirió que estas informaciones tienen que ver con el grupo criminal que operaba en la zona, en plena colusión con policías municipales.
Asimismo, comentó que están en trámite para que la investigación sea finalmente concentrada en un sólo expediente judicial.
Los peticionarios dieron a conocer que en febrero falleció Minerva Bello falleció a causa de un cáncer acelerado a causa de la angustia de no saber el paradero de su hijo Everardo.
Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, pidió un minuto de silencio por Minerva, a quien prometió que los otros padres seguirían buscando a su hijo.
Mario Patrón lamentó que, en su oportunidad, los representantes del Gobierno no manifestaran su pésame por el fallecimiento de la mujer, muestra, dijo, de que todavía se está lejos de poner a las víctimas en el centro.
El comisionado Francisco Eguiguren solicitó al Estado mexicano responder concretamente en qué punto de la investigación se encuentran, qué viene después y cuál es el obstáculo que dificulta la determinación del paradero de los estudiantes.
