Explicaron que tras la presentación de las auditorías sobre el ejercicio del 2016 inicia un periodo de solventación
Ante el escándalo por los resultados de la revisión en cuentas públicas por parte de la ASF, los legisladores del PRI argumentaron que, legalmente, no son un hecho consumado los desvíos detectados.
Ruth Tiscareño y Enrique Rojas, así como el presidente de la Cámara, Edgar Romo, explicaron que tras la presentación de las auditorías sobre el ejercicio del 2016 inicia un periodo de solventación de las observaciones.
Romo destacó que se debe dar tiempo al proceso de comprobación de recursos, luego de que se han presentado los resultados de auditoría.
“De este informe son asuntos todavía no concluidos, no podemos de entrada decir que hay un desvío de dinero porque el procedimiento apenas está iniciando.
“¿Qué sigue de aquí? De aquí sigue que la Comisión de Vigilancia entregue esos informes a todos los entes fiscalizados”, resaltó sobre los más de 2 mil millones de pesos que significan un probable daño al erario en Sedesol y Sedatu.
“Cada uno, los entes fiscalizados, van a recibir los informes, van a ver las observaciones que les hizo la auditoría y tienen 30 días para aclararlas, solventarlas o simplemente para no solventarlas”, manifestó.
Mencionó que una vez que transcurren 30 días, entonces, ya escuchando a los entes fiscalizados la ASF va a concluir lo que inició como un supuesto, y va a determinar si efectivamente hubo un desvío o no.
“Ese es el proceso de fiscalización, hoy no podemos determinar culpables, hoy no podemos determinar si realmente existen o no los desvíos, porque apenas inicia el proceso. Son asuntos no concluidos”, remarcó.
Opinó que la rendición de cuentas debe estar alejada de los procesos electorales y rechazó que se vinculen como estrategia de campaña.
Tiscareño insistió que apenas inicia el periodo en que las dependencias pueden aclarar las observaciones del órgano fiscalizador.
Enrique Rojas se pronunció a favor de que se investigue a todos los servidores públicos involucrados, sin señalar si Rosario Robles o José Antonio Meade deberían responder por la triangulación de recursos o la contratación de empresas fantasma.
Afirmó que el tema de los contratos en Sedesol y Sedatu es utilizado para juzgar antes de que se dé una resolución legal.
“La Auditoría ya dio a conocer sus observaciones y daremos tiempo a que se puedan dictaminar los resultados”, dijo.
Justificó que una observación no significa que haya culpabilidad de algo.
“Nadie en este momento puede decir que exista un daño al erario hasta que no se entregue ya la observación final”, advirtió.
Los legisladores no respondieron a los cuestionamientos sobre el hecho de que las observaciones por triangulación de recursos se generaron en la revisión de las cuentas públicas del 2012 al 2016.
Los tres diputados consideraron, sólo, que los desvíos del 2016 aún pueden aclararse.
